Históricamente en el Perú, las relaciones entre el Estado y nuestras juventudes han sido casi siempre tensas y conflictivas. Las actitudes que asumieron las diferentes instituciones públicas frente a los jóvenes fueron alimentadas por posiciones intransigentes que revelaron una serie de prejuicios y estereotipos sociales que perduran hasta hoy. Dichas actitudes se han sustentado en concepciones que transitan desde los enfoques punitivos y de control social -apoyados en la idea de que los jóvenes deben ser reprimidos y/o controlados-; orientaciones paternalistas de corte asistencial -que presentan a los jóvenes como víctimas a las que hay que asistir- y, perspectivas clientelares -que instrumentalizan la participación juvenil-. Estos enfoques condujeron al Estado a establecer políticas infructuosas y fragmentarias que han configurado una débil y confusa institucionalidad en materia de juventud. (Montoya, 2001).
En efecto, a lo largo de la historia reciente del país (experiencia republicana e incluso más atrás) no ha existido una política institucional sostenida y programática que se exprese en planes, programas y proyectos de juventud coherentemente articulados en diferentes escenarios (nacional, regional, local), sectores (salud, educación, justicia, etc) y actores (Estado, empresa, sociedad civil). En su lugar, hemos tenido solo programas sectoriales, esfuerzos institucionales aislados, proyectos ocasionales que no significaron mayores oportunidades para nuestros jóvenes.
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